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Por Redacción - 7 Febrero 2024
En un paso significativo hacia la protección de los consumidores en el ámbito de las compras en línea, la Unión Europea (UE) ha propuesto reformas sustanciales en la Directiva de 2013 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Este movimiento busca modernizar y adaptar la legislación a la creciente prevalencia de las transacciones en línea, proporcionando a los usuarios una vía expedita para la resolución de conflictos sin tener que recurrir a costosos y lentos procesos judiciales.
Una de las innovaciones más destacadas es la posibilidad para los consumidores de denunciar de manera sencilla las prácticas desleales de los vendedores en línea ante las entidades de resolución alternativa, incluso si estos operadores están ubicados fuera de la Unión Europea. Este enfoque aborda cuestiones como la publicidad encubierta, las reseñas falsas, los precios distorsionados o la falta de información crucial previa a la contratación de un servicio. La iniciativa pretende cerrar la brecha de vulnerabilidad en la que a menudo se encuentran los consumidores cuando enfrentan problemas o fraudes derivados de compras a comerciantes ubicados fuera de la UE.
La propuesta, actualmente en fase de consulta pública, invita a todos los países y partes interesadas a contribuir al texto hasta el 20 de febrero. Este proceso participativo refleja el compromiso de la UE con la transparencia y la inclusión en la formulación de políticas que afectan directamente a los ciudadanos.
La nueva normativa no solo se centra en las compras en línea, sino que también aborda un problema recurrente en el ámbito de las telecomunicaciones. Reconociendo las dificultades y obstáculos que enfrentan los consumidores al cambiar de operador, la legislación garantizará por primera vez el derecho de los ciudadanos a cambiar de proveedor. Este avance busca alentar la resolución de problemas relacionados con servicios de telefonía e internet de manera extrajudicial, evitando así los costos económicos y temporales asociados con los litigios tradicionales.
Uno de los cambios más notables es la expansión de la resolución de conflictos sin recurrir a los tribunales. La nueva normativa no solo aplicará esta medida cuando existan cláusulas abusivas en contratos, sino que permitirá a los consumidores reclamar ante el comerciante sin la necesidad de un contrato formal. De este modo, la protección del consumidor se extiende más allá de los acuerdos contractuales, abarcando cualquier compra o adquisición de servicios en línea.
En cuanto a la responsabilidad de los comerciantes, la UE establece un nuevo marco que obliga a los países miembros a legislar para que los comerciantes respondan a los consumidores a través de la vía extrajudicial. Sin embargo, esta obligación no se aplicará a los vendedores ubicados fuera de las fronteras de la UE. En estos casos, se les brindará la opción voluntaria de adherirse a los sistemas de resolución de conflictos alternativos a los judiciales de la UE. Además, como parte integral de la propuesta, se insta a los Estados miembros a establecer entidades de resolución alternativa para abordar litigios transfronterizos. Este enfoque busca garantizar una respuesta efectiva y eficiente a las disputas que involucren a consumidores y comerciantes de diferentes países.
La ambición de la UE es que todos los países transpongan esta directiva en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, programada para este 2024. Con estas reformas, la Unión Europea busca fortalecer la confianza de los consumidores en el entorno digital y garantizar que la resolución de disputas sea accesible, justa y rápida en el contexto de las compras en línea y los servicios digitales.
