La digitalización de la sociedad ha reportado a los consumidores y empresas muchas ventajas, al igual que a los ciudadanos y administraciones públicas. La posibilidad de realizar infinidad de gestiones a través de nuestro móvil u ordenador sin necesidad de desplazarnos físicamente o tener que realizar una llamada de teléfono nos facilita la vida y supone un ahorro de tiempo y dinero. Igualmente nos permite teletrabajar desde casa, jugar online con otras personas, comunicarse por videoconferencia… Los beneficios están ahí.

Pero también ha traído problemas derivados de la actividad delictiva de defraudadores que se aprovechan de la digitalización y del anonimato que esta proporciona. Está claro que es mucho más fácil robar a una persona usando las claves personales de su banco que atracarla a mano armada. Igualmente, la posibilidad de hacerse con los datos personales de infinidad de clientes que luego pueden venderse al mejor postor o pedir un rescate por los mismos es una tentación muy grande como para dejar pasar la oportunidad de ganar dinero de forma sencilla. En no pocas ocasiones detrás de estos delitos digitales no se encuentran frikis aislados, sino verdaderas mafias bien organizadas dispuestas a hacer lo que sea por conseguir sus objetivos.

Según la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) el 85% de los consumidores han sufrido, al menos, un intento de fraude digital durante el año 2023, y el 16% reconoce haber sido víctima de este tipo de actos delictivos. Estos fraudes digitales provocan pérdidas económicas (10.000 millones de dólares según KPMG el pasado año), de tal forma que el 52% de las víctimas reconocen haber perdido cantidades por debajo de los 500 euros, mientras que un 14% declara haber perdido más de 5.000 euros. De estas víctimas, un 68% no recuperó el dinero perdido.

Una de las tácticas preferidas por los defraudadores digitales es la suplantación de identidad de personas tanto físicas como jurídicas. De esta manera, el 38% suplantan a empresas de servicios (telecomunicaciones, electricidad, etc.), un 31% se hacen pasar por bancos y un 8% suplantan a personas físicas. Un dato que tiene que hacer recapacitar a las autoridades, empresas y marcas es la experiencia que tuvieron las víctimas a la hora de tratar de resolver los problemas derivados de los fraudes, y es que el 41% indicó que la experiencia fue nula, apuntando a una falta de resolución o dinamismo por parte de las entidades involucradas.

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