El gobierno francés ha plantado cara a la obsolescencia planificada impuesta por la industria. Para conseguir su objetivo ha tomado medidas drásticas, tales como penas de cárcel y multas de hasta 300.000 euros, que vienen a completar la regulación ya existente en la Ley de Consumo.

Esta iniciativa, abanderada por el grupo político Los Verdes parte de la base de que las empresas no pueden establecer a priori la vida útil de los productos; un hecho que perjudica el medio ambiente y atenta contra la sostenibilidad, además de suponer un engaño para el consumidor. Ésta es la propuesta que está trabajado Francia, y que pretende extender a toda Europa, recogida por Ecoportal.

En el lado opuesto, frente a la obsolescencia programada se apuesta por una nueva economía colaborativa, basada en el consumo compartido de bienes duraderos. Para aumentar la durabilidad de productos tales como electrodomésticos, o aparatos electrónicos, se apuesta por medidas tales como ampliar su plazo de garantía, proporcionar piezas de sustitución durante largos períodos, estandarizar algunos productos, tales como accesorios (véase el caso de los cargadores para móviles), o reducir los costes de reparación.

No solo existe la obsolescencia programada, también hay psicológica

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