Las empresas no podrán modificar automáticamente los precios personalizados una vez que el consumidor haya iniciado el proceso de compra

Recientemente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció una nueva normativa que garantizará la transparencia en el uso de algoritmos por parte de las empresas para fijar precios y personalizar anuncios. Esta medida, impulsada por el ministro Pablo Bustinduy, busca proteger a los consumidores de prácticas abusivas y promover un mercado más equitativo.

La regulación exigirá que los criterios utilizados en estos algoritmos sean comprensibles y accesibles para los ciudadanos. Además, se prohibirá el uso de parámetros discriminatorios o que aprovechen situaciones de urgencia o necesidad de los consumidores, como en casos de emergencia o eventos imprevistos.

Uno de los puntos clave de la normativa es que las empresas no podrán modificar automáticamente los precios personalizados una vez que el consumidor haya iniciado el proceso de compra. De esta forma, se pretende evitar la presión psicológica de tomar decisiones apresuradas por temor a fluctuaciones repentinas de precios.

El anuncio de esta medida se realizó durante el acto «Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital», celebrado con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Durante el evento, el ministro Bustinduy enfatizó la importancia de garantizar la transparencia en las relaciones económicas digitales y proteger los derechos de los ciudadanos frente a prácticas comerciales desleales.

Para ilustrar el impacto de la normativa, se expuso el caso de los servicios de transporte con tarifas dinámicas. A partir de la implementación de la nueva regulación, las empresas deberán informar claramente a los usuarios sobre los factores que determinan el precio de su trayecto, como la distancia, la hora o la demanda del servicio. Asimismo, se prohibirá que los precios se establezcan en función de características personales como la discapacidad, el perfil racial o la urgencia del usuario, por ejemplo, si su móvil tiene poca batería.

Esta medida continúa la línea de actuación del Ministerio de Consumo en la protección de los derechos digitales. En octubre pasado, durante la DANA que afectó a diversas regiones de España, el gobierno ya tomó medidas para evitar subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia.

“Ningún modelo de negocio puede basarse en la vulneración de derechos”, afirmó Bustinduy, destacando la necesidad de construir un sistema económico más justo y transparente. Además, se hizo un llamamiento a la participación de todos los actores de la economía digital para garantizar la protección efectiva de los consumidores en este entorno.

Con esta nueva regulación, España da un paso adelante en la protección de los consumidores frente a los riesgos de la economía digital, asegurando que la tecnología se utilice de manera ética y en beneficio de toda la sociedad.