Durante las últimas décadas, los organismos de protección de los derechos de autor y las diferentes industrias vinculadas a la creación, especialmente la del cine, han estado en pie de guerra contra la piratería. La llegada de sus últimos productos y estrenos a las páginas de descargas suponía, como han ido estimando desde esos organismos e industrias, pérdidas millonarias para ellos. Quien veía una película en versión pirata online no estaba pagando la entrada, el alquiler o la suscripción que se hubiesen llevado - o eso estimaban ellos - por hacerlo.

Entre los muchos movimientos que lanzaron desde esas voces para intentar posicionarse contra la piratería, concienciar a los consumidores y frenar su desarrollo estuvieron el de hacer campañas de concienciación, lobbies ante las administraciones públicas (lo que explica el desarrollo de leyes, como la ley Sinde española o el sistema tres avisos francés, aunque no tuvieran especialmente mucho éxito) o acciones judiciales.

En los últimos años, no han sido pocas las compañías que han sido denunciadas ante organismos públicos por la actividad de sus páginas piratas de descarga de contenidos. Los procesos suelen convertirse en material para titulares y para análisis en profundidad.

Pero, habitualmente, todos estos procesos cargan contra los administradores de esas páginas, contra quienes se encargan de mantenerlas activas y online. En algunos casos, se ha ido también contra quienes hacen circular los archivos de las películas y de los contenidos. Raramente, sin embargo, se va contra quienes permiten que esas páginas se mantengan activas. Los sites de descarga y de acceso a contenido online viven de la publicidad, publicidad que suele ser especialmente molesta (suelen ponerla en todas partes y haciendo que sea mucho más fácil fallar y hacer clic en ella).

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