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Por Redacción - 18 Marzo 2010
La Comisión Europea sigue preocupada por el nuevo modelo de financiación de la televisión pública española.
El pasado mes de Febrero, la propiaComisión Europea lanzaba una investigación en profundidad sobre el nuevo sistema de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telecomunicaciones para pagar la televisión pública podrían incumplir las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Ahora, la CE ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información sobre la nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones, abriendo así un segundo expediente sobre este caso, que se centra enun proceso deinvestigación que evalua la supuesta infracción por parte del ejecutivo español de la legislación europea sobre telecomunicaciones y para el cualse requiere de una respuestapara exponer las oportunas objeciones en el plazo de dos meses.
Según explicó el portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.
En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma que esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
La ley de financiación de RTVE, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, impone a los operadores de telecomunicaciones -salvo algunas excepciones- una tasa del 0,9 por ciento de los ingresos brutos que facturen para compensar las pérdidas por la eliminación de la publicidad en los canales públicos.
Bruselas ha expresado hoy sus dudas sobre ese impuesto y ha recordado que las normas europeas establecen que las tasas cobradas a los operadores sólo pueden sufragar "determinados costes administrativos y de reglamentación" y deben ser "objetivas, transparentes y proporcionadas".
"La legislación española sobre la financiación de RTVE y, en especial, la aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones no parecen ajustarse a estas disposiciones", señala la Comisión en su comunicado.
En enero de este año, Bruselas ya abrió un procedimiento similar contra Francia, país que también ha eliminado la publicidad de la televisión pública.
El Gobierno español ha defendido en todo momento que el modelo de financiación de RTVE se atiene a la normativa europea y a finales del pasado año mantuvo encuentros con la Comisión para explicar en profundidad sus detalles.
