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Por Redacción - 8 Enero 2025
El Gobierno de España está avanzando en una serie de iniciativas que le permitirán ejercer un control más estricto sobre la publicidad institucional dirigida a los medios de comunicación, con el objetivo de concentrar los recursos en medios afines al Ejecutivo y reducir los fondos destinados a aquellos críticos. Este movimiento se enmarca dentro del plan de regeneración democrática, con la creación de una central de medios propia dependiente de Moncloa, encargada de distribuir la inversión pública según los criterios establecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En diciembre de 2024, el Gobierno aprobó medidas centradas en los medios de comunicación, incluyendo ayudas por 125 millones de euros para la digitalización, de los cuales la mitad se destinó a diarios impresos, y un anteproyecto de ley que obliga a los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores a publicar desmentidos o aclaraciones sobre informaciones falsas o inexactas.
La última fase de este proceso se concentra en la publicidad institucional, con una reforma de la Ley de Publicidad para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de estos recursos. El Gobierno también busca asegurarse de que los sistemas de medición de audiencias cumplan con principios como la imparcialidad, la comparabilidad y la verificabilidad.
El objetivo de Moncloa es, por un lado, reforzar el control sobre la publicidad de los ministerios y organismos dependientes de la Administración central, y por otro, limitar la concesión de estos recursos a los medios que no están alineados con el PSOE, especialmente en las autonomías y ayuntamientos que no están bajo su influencia. El Gobierno argumenta que los medios críticos, algunos de los cuales acusa de difundir bulos, reciben financiación de la oposición y que reducir su acceso a la publicidad institucional contribuiría a frenar las informaciones hostiles.
Un punto clave de esta estrategia es el fortalecimiento de la central de medios propia, creada en 2024 bajo la dirección de José Manuel Nevado, que depende directamente de la Secretaría de Estado de Comunicación. A través de esta central, Moncloa podrá gestionar todas las campañas de publicidad estatal y asegurarse de que los recursos se distribuyan conforme a sus nuevos criterios, con un enfoque en parámetros como suscriptores y sostenibilidad (ESG). Esto implicaría un cambio en la forma de adjudicar los fondos, con la intención de premiar a medios que hayan realizado avances en sostenibilidad.
Con esta reforma, el Gobierno pretende tener un control más centralizado sobre la distribución de la publicidad institucional, utilizando métricas cualitativas, como la segmentación de audiencias, que podrían beneficiar a medios que habitualmente no acceden a este tipo de recursos. El objetivo es garantizar que el dinero público se reparta de acuerdo con los intereses y objetivos del Ministerio de la Presidencia.
